Condenaron por asociación ilícita a un exintendente de Lincoln que es candidato

Jorge Fernández, un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, exintendente del partido bonaerense de Lincoln y precandidato a ocupar ese cargo nuevamente, fue condenado a seis años de prisión ayer por el delito de “asociación ilícita” y la pena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de manera perpetua.

Fernández, que estuvo tres veces al frente del distrito, fue encontrado culpable en el marco de una causa que investigaba hechos de corrupción ocurridos entre 2009 y 2012 cuando dirigía Lincoln, un municipio del noroeste en la provincia, ubicado en la cuarta sección electoral.

El fallo del Tribunal Criminal Oral 1 de Junín, lleva la firma de los jueces dictada por el Tribunal Criminal Oral 1 de Junín, en el cierre de un juicio oral de primera instancia que encontraron culpable a Fernández de “asociación ilícita, en concurso real con defraudación contra la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso real con uso de documentos falsos durante 2009 y 2012″.

El actual titular del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Vehículos (Prodeco) del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene la posibilidad de apelar el fallo en las instancias superiores. Al igual que los otros condenados: Walter Fernández, que era contador municipal durante el periodo investigado, y Marcelo Porto, que era el tesorero.

En ese punto también se detuvo el tribunal que incluyó un apartado donde informan que se le comunicará al Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, sobre el fallo que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa contra el precandidato de Unión por la Patria.

La condena dispuesta es menor a la que había solicitado el fiscal, que pidió 9 años al considerar que Jorge Fernández era “autor, miembro y jefe de una asociación ilícita” que era investigada por 45 hechos de corrupción cuya finalidad, según el fallo, era “la comisión de múltiples delitos indeterminados, todos vinculados con la obtención de dinero de las arcas del Estado, mediante la confección de falsos requerimientos de bienes y servicios, la utilización de personas físicas y jurídicas como proveedores cuando en realidad no lo eran, falsificación de firmas de funcionarios y de endosos de cheques para así lograr el pago de estos por parte de empleados y funcionarios de la municipalidad a su beneficio”.