La Argentina apeló la sentencia ante la Justicia de los Estados Unidos

La Argentina apeló la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF.

Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda que presentó ese fondo por la expropiación de YPF, que se llevó a cabo en 2012.

La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: «El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres», dijo la funcionaria en aquel momento.

Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país «apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia». Además, advirtió que el desembolso generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».

«El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía», añadió. La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.

Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino expropió mal la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes. En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.

En 2012, el Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner acordó pagarle a la española Repsol -que hasta ese momento controlaba a YPF- un total de US$ 5.000 millones en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera.