Editorial: Hacinados

El 2,2 por ciento de la población se encontraba en diciembre pasado ocupando viviendas en situación de hacinamiento crítico, lo que alcanzaba a unas 217 mil familias y representaba más de un millón de personas, según un informe del INDEC difundido esta semana.

El estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos puntualiza sobre aquellos hogares en los que cohabitan más de tres personas por cuarto en los 31 aglomerados que integraron el relevamiento estadístico. Y menciona a su vez que casi un 10 por ciento de los mismos no posee agua corriente, el 31,5 por ciento no dispone de gas de red y casi el 27 por ciento carece de conexión al sistema cloacal.

El déficit habitacional afecta en Argentina a millones de personas. A la falta de oportunidades de compra se suma la escasez de viviendas para alquilar, una realidad que se agudizó con la sanción de la última Ley de Alquileres y que perjudicó a cientos de miles de inquilinos en todo el país.

En el contexto actual los obstáculos para acceder a la vivienda se multiplican ante un escenario de crisis sostenido, percibiéndose con claridad la falta de lineamientos y estructuras que tiendan a garantizar el derecho a todos de acceder a un techo digno.

Desde las últimas décadas del siglo pasado la política habitacional nacional se encuentra atravesada por una ambigua distorsión que pendula entre las concepciones de la vivienda como derecho social y como la de bien de acceso en el mercado.

La carencia de estrategias que incentiven la construcción y la proliferación de un mercado para las personas de menores ingresos conviven con la precariedad social reinante. Y sustentan en la actualidad los altos niveles de la población sin acceso a un hogar, que encuentran además cada vez más inconvenientes para poder alquilar o comprar un inmueble en zonas habitables.

Esta cuestión para nada menor, de modo indefectible, lleva a tantos ciudadanos a tener que vivir renunciando a sus derechos. Y hacinados.