El déficit habitacional como consecuencia

El déficit habitacional en Argentina es un flagelo que padece alrededor del diez por ciento de la población. Hay alrededor de 4 millones de familias (según datos oficiales) que no han conseguido construir su propia vivienda y muchos que ni siquiera tienen una parcela de tierra. Nuestro país está entre los diez del mundo con mayor superficie. Quienes se han tomado el trabajo de analizar en términos estadísticos algunos datos, nos permiten entender algún aspecto de este escenario. Por caso, tomando el km 0 de las distancias que existen desde la Ciudad de Buenos Aires al resto de territorio argentino, si se estableciera un circulo a 400 kms. del mismo, se determinará que un cincuenta por ciento de la población vive dentro de ese territorio y el otro cincuenta se dispersa por el resto de una nación donde sobra espacio para que quienes no tienen un lote puedan obtener el suyo.

Claro que para un desarrollo urbanístico hacen falta servicios que permitan a las familias tener un digno pasar. No es simplemente soplar y hacer botellas. El déficit habitacional no tiene que ver con la falta de terrenos sino con otros problemas estructurales. Que millones de familias no tengan su vivienda es entonces el efecto, no la causa. Argentina tiene niveles de pobreza elevados, tasas de desocupación alta, salarios que en su mayoría han ido perdiendo poder adquisitivo y por ende capacidad de ahorro. Otro aspecto no menor es la falta de acceso al crédito de los sectores medios. El mercado financiero tiene condiciones que en el escenario antes planteado ponen cuesta arriba, por no decir imposible, el acceso al financiamiento.

Ninguna de estas cuestiones encuentra soluciones en el corto plazo. Ninguna de estas cuestiones será resuelta por el sector privado seguramente. La presencia del Estado en el diseño de políticas públicas resulta fundamental para que centenares de esos argentinos vayan encaminando la posibilidad de acceso a un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional.

Los recientes conflictos de usurpaciones, tomas y violaciones a la propiedad privada han desnudado con crudeza una situación que no es de hoy ni de ayer. Como supo decir un reconocido dirigente social, más que un delito son la denuncia de una situación. Es un problema de larga data. En los últimos años se intentaron algunas líneas de créditos hipotecarios como los UVA que lejos de ser una solución no hicieron más que convertir el “sueño” en “pesadilla”. Y como ha sucedido en diferentes etapas de la Argentina, fueron un pingüe negocio para el sector financiero y un problema para los tomadores de crédito. Existen intentos de buenas intenciones como el regreso del programa Pro.Cre.Ar, una política pública nacional donde las cuotas de los créditos se ajustarán por el salario. Esto da previsibilidad y certeza a quienes se convierten en beneficiarios. Asimismo, el amplio portfolio de líneas de este programa habitacional, prevé 300 mil soluciones sobre un déficit que ya hemos citado. Estarán lejos de poder terminar con el problema, pero permitirá que algunos logren alcanzar esa necesidad, ese derecho a la vivienda digna.

Es de perogrullo señalar que además del beneficio para los ciudadanos, producirá una dinamización de la economía en un sector como la producción, que mueve muchísimos rubros del sector productivo y genera trabajo genuino. Como intentamos explicar más arriba esta situación, hacer que las familias argentinas puedan tener su techo, no dependerá de una política pública aislada sino de otro montón de medidas que puedan reducir la pobreza, garantizar trabajo digno, mejorar los niveles salariales y pensar una economía donde exista una natural y lógica rentabilidad que ponga por delante aspectos relacionados con la responsabilidad social antes que un perfil especulativo. Insistimos, que el déficit habitacional no es más que una consecuencia de un descalabro general que puede verse con solo saber mirar. Millones de argentinos saben que la distancia entre una vivienda y sus posibilidades reales de alcanzarla son muy lejanas. El Estado debe intentar que esas distancias se acorten y las políticas públicas son la verdadera y única garantía que eso pueda suceder.