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La compatibilidad de los planes y el trabajo registrado

Por Walter Anido (Especial para La Verdad Mercedes)

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Argentina tiene discusiones o polémicas que se instalaron desde hace tiempo. Algunas han sido derribadas con datos concretos, como la afirmación que muchas mujeres “se embarazan” a propósito para percibir asistencia estatal. Quedó evidenciado con estadísticas que tales afirmaciones resultan absolutamente falsas y malintencionadas (Estudio de la Universidad de Avellaneda a 11 años de la creación de la AUH ). Otra de esas discusiones tiene que ver con que en diferentes sectores de la producción no encuentran trabajadores disponibles porque les conviene más recibir el pago de planes sociales a tener un trabajo estable, en blanco y registrado.

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La controversia volvió a ubicar en el centro de la escena cuando hace pocos días el propio ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se reunió con productores yerbateros y habría admitido que los planes sociales atentan contra la generación de empleo genuino de las economías regionales del interior del país. Los programas de atención o asistencia a quienes no cuentan con trabajo en nuestro país no son nuevos. Hace ya tiempo que con diferentes nombres forman parte del devenir nacional. Plan Jefes de Hogar, planes Trabajar, Argentina Trabaja, o como quiera que se llame de acuerdo a la gestión de turno.

El origen o nacimiento de estas políticas públicas eran en esencia una excelente intención. La situación económica, desde los 90 a esta parte, han expulsado del mundo del trabajo a miles de trabajadores que pasaron al sector de los desocupados, su calificación en cuanto a la mano de obra no era buena y las posibilidades de reinsertarse en el mundo laboral escasas. Pero precisamente esos programas ofrecían la entrega de un subsidio para que esos beneficiarios completen sus estudios o se capaciten en diferentes actividades que pueda demandar el mercado del trabajo. Los plazos se fueron cumpliendo pero los objetivos no y esos programas se eternizaban en muchos casos, porque en rigor de verdad, tampoco el escenario productivo argentino mostraba mejorías o mucho menos tenía posibilidades de ofrecer trabajo a personas de determinados grupos etarios.

La llegada de la pandemia global a estas latitudes desnudó una realidad tal vez sospechada, pero ahora afirmada en números concretos. El Ingreso Federal de Emergencia evidenció que millones de argentinos no tenían trabajo en blanco, no aparecían en registros de ninguna naturaleza y estaban lejos de obtener empleos o ser parte de actividades que le permitan subsistir por sus propios medios. Como lo hizo recientemente el Gobernador de Misiones, es oportuno empezar a discutir algunas salidas a esos planes o asistencias, aunque no basta con decisiones unilaterales sino con acuerdos de conjunto. Aquellas personas que entienden lo que representa la cultura del trabajo prefieren un trabajo registrado a un plan, por razones varias. Los planes son tan solo un paliativo que permite subsistir y a riesgo que pueda afirmarse que muchos sectores de trabajo registrado por bajos salarios y perdida de poder adquisitivo puedan parecen algo similar está lejos de ser así.

Existen muchos derechos que obtienen los trabajadores de la economía formal que aquellos que no forman parte de ella. Pero el mito, para algunos realidad, que no se consiguen trabajadores por la presencia de los planes, sigue estando en el candelero. Retomando lo que expresaba el gobernador Ahuad, es tiempo de pensar que se pueden compatibilizar ambas cuestiones. Es decir que alguien pueda ser convocado para una actividad productiva sin resignar el plan social. Es un buen disparador para que una cosa y otra puedan encontrar puntos de compatibilidad. Alguna punta de ese esquema se evidenció en los comienzos de la pandemia cuando el IFE alcanzó a las trabajadoras del servicio domestico, uno de los sectores donde la informalidad es moneda frecuente.

No menos frecuente es la informalidad en el caso de los trabajadores temporarios que son convocados para las cosechas que tal vez puedan no concurrir porque perciben ingresos sociales, pero también porque en muchos casos reciben pagos misérrimos. No seremos tan ingenuos de considerar que la definición de estas disputas quedan zanjadas por completo con una mejora sustancial de los indicadores económicos, aunque no se observan en el inmediato horizonte que algo como ello pueda suceder. En tanto es otro aspecto para incluir en una agenda de sanas discusiones que las autoridades deben afrontar sin mayores dilaciones.-

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