Opinión: Comunicarnos con reglas claras

Cualquier juego o actividad tiene un reglamento. Cuando lo jugamos queremos tener bien en claro cuál es el mismo a los efectos de saber cuáles son los límites, lo que debemos respetar y a lo que nos tenemos que atener. Es decir, reglas claras para que todos los jugadores puedan jugarlo sin mayores sorpresas. Pero cuando ese reglamento favorece a uno de los actores del juego y perjudica a otros, hay cuanto menos un rasgo claro de injusticia. Es posible que aquel que no se vea favorecido o contemplado por ese reglamento decida no jugarlo o tenga la necesidad de hacerlo aunque en condiciones desfavorables.

De allí que la reciente medida del gobierno Nacional que establece mediante decreto como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular, Internet y la televisión paga, no hace más que establecer reglas para que haya límites y no se produzcan distorsiones. Esto resulta independiente del apartado que plantea el congelamiento o suspensión de aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. Además puede entenderse como oportuno dado que en tiempos de pandemia los servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han resultado ser más necesarios.

Cientos de actividades han tenido que recurrir a la virtualidad para poder continuar procesos, tal el caso nada menos que la educación. Los inconvenientes de conectividad para muchos argentinos han representado una clara desventaja. Entonces que se establezca un marco de regulación no debe asustar a las empresas prestadoras que hasta los días actuales han “disfrutado” que los servicios en cuestión hayan quedado librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía. Sus intenciones de seguir con márgenes de ganancias exorbitantes serán las que se esgrimirán para cuestionar la norma. Explicarán que hay un avance sobre las comunicaciones y por ende contra los medios de comunicación y porque no la libertad de prensa.

Hasta resultará lógico escuchar nuevamente el hastiado slogan del camino a Venezuela, que por otro lado ni siquiera está patentado por la Argentina dado que hasta el Presidente Donald Trump lo utilizó en la campaña norteamericana para cuestionar a Joe Biden.

El decreto busca que el acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas tenga la fijación de reglas por parte del Estado que garanticen un acceso equitativo, justo y a precios razonables. ¿Quién puede oponerse a ello? Esas reglas claras puede que eviten situaciones abusivas, unilaterales y de excesos.

Las estadísticas en cualquier momento de los últimos años en que podamos buscar, nos indicarán que las asociaciones de consumidores, los entes de defensa de usuarios, han tenido al tope del ranking de sus reclamos este rubro de servicios. No es difícil concluir el porqué de tal circunstancia. También dice el flamante decreto que los licenciatarios fijarán sus precios, “los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».

Y se arroga para si el estado la regulación de los mismos. No han sido pocos los períodos en la Argentina donde se ha dejado que algunas actividades estén libradas a las reglas del mercado, pero han sido lo suficientemente útiles para mostrarnos a los usuarios que la moneda siempre cayó para el mismo lado cuando ese fue el “marco regulatorio”. Hasta se me ocurrió pensar que esa moneda tenía sus dos caras iguales.