Opinión: El SAME plantea un desafío para las gestiones municipales

“Desde lo conceptual el servicio no está mal pero toda idea, sin su correspondiente financiamiento puede transformarse en una mala idea”.

La frase se le atribuye al actual Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, respecto del SAME. El servicio de emergencias fue instaurado en territorio bonaerense por la gestión de María Eugenia Vidal, quien tenía como objetivo finalizar su mandato con la adhesión de los 135 distritos que conforman el primer estado argentino. No lo pudo concretar aunque no estuvo lejos de hacerlo. Tan solo 16 comunas, algunas del conurbano y otras del interior, resistieron la adhesión.

Cada jefe comunal habrá tenido sus razones o habrá hecho el análisis de situación correspondiente, no obstante aquellos que adhirieron observaron que el comienzo planteaba un escenario muy favorable para la prestación pero con el correr de los años va imponiendo un desafío de financiamiento. Si esta cuestión era un problema durante los tiempos de Vidal, es de imaginar ahora una situación algo más acuciante teniendo en cuenta la caída de las recaudaciones en las arcas distritales.

El SAME tiene sus etapas en el corto plazo respecto del origen de los recursos para su funcionamiento. El plan pergeñado por la ex Gobernadora era sin duda un acierto político que incluso en tiempos de campaña, sirvió para muchos alcaldes bonaerenses un salto de calidad en materia sanitaria y una muestra de gestión exitosa para capitalizar en una jornada electoral. Pero con el paso de los años la situación del servicio va tomando una cuesta ascendente respecto del origen de los fondos. Hay quienes sostienen que del modo que está estructurado para muchos Intendentes será de difícil sostenimiento.

Para poner en claro cómo se diagramó el servicio entre provincia y los municipios debemos decir que el comienzo era costo cero para las comunas. Pero a partir del segundo año de prestación el apoyo provincial se reduce a la mitad, el tercero al 30 por ciento y a partir del cuatro son los presupuestos municipales los que deben adoptar la totalidad de ese financiamiento. Como hemos dicho, existieron intendencias que firmaron antes que otras y esta iniciativa surgió a mediados de 2016, por cuanto habrá distritos que deberán empezar prontamente a hacerse cargo de la totalidad de la demanda del servicio.

Es oportuno mencionar que no se cuestiona la prestación, sino el modo en que será sustentada. A los municipios no les sobra nada en materia de recursos. De hecho y principalmente en el interior bonaerense, como primer frente de gestión ante los vecinos, destinan recursos a entes u organismos pertenecientes a otros estamentos gubernamentales, para que puedan prestarse servicios. Para ser más exactos podemos mencionar lo que conocemos. Vayan dos ejemplos bien claros por estas latitudes: combustible para patrulleros de la policía bonaerense y fondos para el sostenimiento de servicios en el Hospital que pertenece a la órbita provincial.

El SAME comenzará a demandar un flujo de recursos relevantes para esos presupuestos municipales que ya de por sí son especies de sabanas cortas que ahora sufren los efectos de la pandemia. Han existido manifestaciones por lo bajo de municipios que empezaron a considerar que les resultará menos oneroso contratar servicios privados para la emergencia que sostener el SAME. Dicho sea de paso, los convenios indican que las ambulancias entregadas por provincia fueron cedidas en comodato, por cuanto si se cae ese convenio volverán a la órbita bonaerense.

El futuro inmediato del SAME pone a prueba a los Intendentes. Desafía la audacia, la inteligencia y la capacidad de gestión. Será de observar pues, como resuelven los distritos este intríngulis que plantea la buena idea de un servicio que se va convirtiendo en un problema respecto de su financiamiento.