Sobre la presencia de venta/tráfico de drogas en los barrios urbanos de la Argentina

La situación no sólo representa un grave problema de salud pública, sino tambiénun factor de desintegración social sistémica; así como una fragante violación a Derechos Humanos fundamentales para una sociedad indefensa frente a la ausencia comprometida y eficaz del Estado.

Los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina permiten observar que esta tendencia habría auspiciosamente retrocedido en el año 2020, durante el período de mayor aislamiento social en el marco del escenario COVID-19, pero que rápidamente, tanto la oferta narcotraficante como la demanda de sustancias psicoactivas -así como el consumo de alcohol- se habría rápidamente recuperado durante 2021, incluso, en niveles superiores a los precedentes a la pandemia. Esto en un contexto recuperación económica, aumento del trabajo informal y debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas.

Con escaso apoyo oficial, las casi únicas respuestas hacia el problema surgen desde organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de comunicación o entidades privadas, siendo claramente insuficiente estas reacciones para resolver una problemática por demás compleja. En informes germinales elaborados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina al respecto (ODSA-UCA, 2014-20172), se dejó evidencias claras sobre la marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental -cuando no complicidad – para atender acciones preventivas, reparadoras y/o represivas que pusieran límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo -tres diferentes dimensiones de un mismo problema-. En igual sentido, se llamó la atención sobre los escasos recursos y la indefensión de los hogares más pobres y la vulnerabilidad para enfrentar tanto el poder de los narcotraficantes en los espacios locales, como las adicciones severas que pueden afectar a personas inocentes.

En este sentido, hemos hecho foco no sólo en los efectos que generan las adicciones severas sobre las personas, sino también en los familiares convivientes. La Iglesia Católica ha manifestado su preocupación de manera recurrente, tanto a partir de las expresiones del papa Francisco como también a partir de declaraciones de la Conferencia Episcopal o comunidades de base, que destacan el daño que provocan el consumo de sustancias y la violencia asociada al tráfico ilegal a nivel general, y particularmente, en los barrios más pobres. En este sentido, los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina muestran la fuerte correlación entre el aumento de las adicciones y el avance territorial del narcotráfico en zonas tanto metropolitanas como en centros urbanos de baja escala poblacional, con especial penetración en los barrios más pobres, pero también en los barrios populares y de clases medias -aunque con menor reconocimiento o
visibilidad-.

El consumo problemático de sustancias tiene consecuencias nocivas tanto sobre el consumidor como para su grupo familiar y socio-comunitario. Los segmentos de la población más expuestos a esta situación son los adolescentes y los jóvenes, en especial aquellos pertenecientes a los sectores socialmente más relegados. Los jóvenes provenientes de sectores pobres se encuentran más expuestos a consumos adictivos, dado la falta de otros recursos de movilidad social, la exclusión educativa, la informalidad laboral, la desintegración y la mayor violencia social que rodea su entorno sociofamiliar, en un contexto en donde está ausente el Estado, en términos de seguridad, salud e integración social.

Este informe busca sumar elementos a un debate público todavía inocente, tibio o cómplice frente a un problema grave, en tanto pretende aportar a su diagnóstico con el fin de llamar la atención sobre la creciente y expansiva presencia de la venta y el tráfico de drogas en los barrios, mostrando que se trata de una situación generalizada, pero también que tiene a las poblaciones más vulnerables como sus principales víctimas, y no sin anuencia o el silencio de las políticas de seguridad y de la políticas de prevención y atención sanitaria.