«Banderazos» en cinco provincias por reclamos al Gobierno

Productores agropecuarios de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos se movilizaron hoy en más de 60 localidades con la realización de banderazos en defensa de “la República y el respeto a la propiedad privada” y en protesta por la intervención del Poder Ejecutivo en la empresa Vicentin, cuyo concurso de acreedores está siendo abordado por el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Los actos se desarrollaron a lo largo de la jornada en coincidencia con la celebración del Día de la Bandera y contaron con la organización, además de las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace, de grupos autoconvocados, con estrictas medidas sanitarias y de seguridad, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Esas medidas de aislamiento quedaron reflejadas en las convocatorias que para una veintena de localidades bonaerenses realizó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que en los flyers difundidos por redes sociales invitaban a participar con barbijo y manteniendo el distanciamiento social.

Asimismo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el entrerriano Jorge Chemes, debió desistir de su propósito de participar del banderazo en la localidad santafesina de Reconquista -próxima a Avellaneda, donde está la sede de Vicentin- ya que si traspasaba los límites de su provincia debía permanecer 14 días en aislamiento.

Por tal razón, Chemes resolvió concurrir a otro de los actos, en este caso en Gualeguay.

Una de las manifestaciones más numerosas tuvo lugar en la provincia de Córdoba, entre Sinsacate y Jesús María, donde según Oscar Nicolodi, gerente de la Sociedad Rural local, “hubo 12 kilómetros de cola” de productores rurales y habitantes urbanos que se sumaron a la protesta.

Al respecto, el autoconvocado Gustavo Ilari, quien se definió ante NA como “un chacarero común y corriente”, aseguró que participaron “unas 3.000 personas” y que además de productores rurales estuvieron “profesionales independientes y gente del comercio, que está harta de que hayan aumentado todos los impuestos”.

“Esta situación no tiene sentido, nos cuesta comprar barbijos y el Estado quiere gastar recursos de la gente en una empresa”, señaló en referencia al intento de expropiación de Vicentin.

Luego de aclarar que “no tenemos nada que ver con Vicentin”, Ilari puntualizó que “el Estado no está ausente en este problema, ya que participa a través de uno de sus poderes en el concurso”, al tiempo que sostuvo que “por lo general, las empresas suelen salir bien de esa instancia”.