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Contradictorio, controvertido y polémico: Ingresaron a Diputados los proyectos de legalización del aborto y Plan de los 1000 días

El ingreso de ambas iniciativas se dio luego del anuncio del presidente Alberto Fernández. Fuerte reacción frente a la decisión del presidente de enviar un proyecto para su discusión en el Congreso en medio de la pandemia y desconociendo el rechazo legislativo de 2018.

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El proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como Plan de los 1.000 días, ingresaron a la Cámara de Diputados, inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.

El presidente Alberto Fernández afirmó, al anunciar el envío al Congreso de ambos proyectos en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que «es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo».

Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.

Obispos e instituciones católicos vuelven a objetar la inoportunidad de un nuevo debate en el Congreso para legalizar el aborto en medio de la crisis sociosanitaria derivada por la pandemia y tras la decisión legislativa de 2018 que ratificó la idea federal de cuidar toda vida contra la cultura de la muerte.

Apenas se conoció que el presidente Alberto Fernández anunció por Twitter que enviaría un proyecto de ley de “Interrupción Voluntaria del Embarazo” junto con otra iniciativa “De los Mil Días», que prevé una ayuda económica del Estado para la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, las reacciones se volcaron en las redes sociales o recordando pronunciamiento anteriores cuando la decisión del Poder Ejecutivo era solo potencial.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya se había pronunciado el 22 de octubre pasado, cuando advirtió que es «insostenible e inoportuno» que se trate una ley de aborto en el actual contexto. «No cuidar todas las vidas, toda la vida, sería una falta gravísima de un Estado», expresó, e invitó a «la prudencia política» para no alentar más divisiones y desencuentros entre los argentinos.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral para la Salud, monseñor Alberto Bochatey OSA, había calificado de “tristísima” la decisión presidencial, atribuyéndola a “evidentes” compromisos con “algunos grupos y con el lobby proaborto”. “Me cuesta creer que usen el tema del aborto como una pantalla política, realmente sería muy miserable”, aseveró. https://www.aica.org/noticia-cuesta-creer-que-usen-el-tema-del-aborto-como-una-pantalla-politica

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, tituló «El aborto inoportuno» un artículo periodístico, en el que lamentó que atribuyan a «un compromiso de campaña» el envío al Congreso de una ley de aborto durante la pandemia, cuando hay otras promesas electorales sin avances significativos. https://www.aica.org/noticia-mons-lozano-el-aborto-inoportuno

Ahora, tras la confirmación de la decisión del Poder Ejecutivo de remitir un nuevo proyecto de aborto legal, referentes episcopales manifestaron su posición en las redes sociales.

Es digno y justo destacar que de aprobarse el proyecto de aborto, seguramente habrá presentaciones ante la justicia solicitando que la misma sea declarada inconstitucional en mérito a lo dispuesto en el art. 75 punto 22, que establece que «Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes…la Convención Sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional», la cual, en su Artículo 6 establece que…»Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.»

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