Emergencia alimentaria y disputa política

Esta semana desde distintos sectores de la oposición se endureció el posicionamiento frente al Gobierno en reclamo de la ley de Emergencia Alimentaria, es decir el pedido de partidas extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional, y a garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos.

Independientemente de las lecturas políticas de ocasión, la solicitud tiene como finalidad asegurar la alimentación de la población considerada más vulnerable, que incluye a menores de 16 años, y afectaría fondos para fortalecer la asistencia a merenderos y comedores comunitarios. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años.

Exigida por el arco político opositor desde el 2017, la ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en la demanda prioritaria al oficialismo tras la corrida cambiaria post-PASO. Dirigentes, organismos sociales e instituciones enfatizaron el sobre el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y adultos en comedores comunitarios. En los grandes centros urbanos del país el miércoles se instalaron cientos de ollas populares, evidenciando la gravedad de la crisis social.

Un informe difundido el lunes 26 de agosto por la Universidad Católica Argentina sostiene que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, la mayoría en las escuelas, y que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial.

En tanto, el viernes en nuestra ciudad, la Gobernadora provincial consideró que no hace falta decretar la emergencia alimentaria que solicita la oposición.

«En el caso de la provincia no lo necesitamos para hacer lo que debemos, de hecho lo anunciamos. Incrementamos el monto de los programas alimentarios por encima de la inflación, como hemos hecho en la gestión en un 400% cuando la inflación acumulada es del 230%, así que más gente recibe el beneficio y con mayores montos», declaró, dando una clara señal de la posición adoptada por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires