En defensa del IPS

POR LAPLATAAJB · 22 MAYO, 2020

Hablamos entonces de empleo, educación, salud, vivienda, medio ambiente saludable, alimento seguro, etc. etc., durante el transcurso de la vida laboral, productiva, que también deben estar plenamente asegurados durante el período del “tan merecido descanso”.

Es por ello que el valor monetario de la jubilación debe guardar una adecuada proporcionalidad con el de los salarios percibidos permitiendo, además, una vida independiente de apoyos externos, familiares por ejemplo.

Nuestro Instituto de Previsión Social, organización de prestigio internacional, goza de esos atributos. Los salarios en “pasividad” guardan esa “adecuada proporcionalidad” con los que se reciben en “actividad” permitiendo continuar con la vida que se venía haciendo con el agregado de las horas que se dedicaban al trabajo.

En sus más de 70 años de vida el IPS ha demostrado su capacidad y eficacia para cumplir sobradamente con lo señalado en el párrafo anterior, incluyendo la utilización de sus superávits por parte de distintos gobiernos para financiar gastos ajenos a los objetivos del Instituto.

Sólo en dos oportunidades los balances del Instituto arrojaron déficits: 2002/2003 (gobernación de Carlos Ruckauf) y 2017 en adelante (María E. Vidal). Todas ellas causadas por medidas gubernamentales que forzaron el funcionamiento y provocaron desbalances que nada tienen que ver con el normal desempeño del Instituto; como por ejemplo jubilaciones anticipadas (Ruckauf), retiros compulsivos y voluntarios, congelamiento de ingresos a la planta permanente y contrataciones de miles de monotributistas que aportan al ANSES, congelamiento de la carrera administrativa, entre otras que quebraron la relación histórica entre activos y pasivos. Además, promediando el mandato de Vidal, en el 2017, se realizó un intento legislativo de armonización que fue desactivado a partir de la masiva movilización gremios estatales.

También Felipe Solá y Daniel Scioli, al ser gobernadores, supieron de masivas movilizaciones de estatales en defensa del Instituto que, a Scioli le hicieron retroceder un proyecto de armonización desempolvando el Convenio 400 firmado por Felipe Solá y Néstor Kirchner.

Es por ello que, así como rechazamos el convenio firmado el 14 de abril pasado, por el Gobernador Kiciloff y por el ANSES, para habilitar un aporte de esta Institución al IPS, por hacer referencia a la Ley 27260 (de reparación histórica) y, en especial, su art. 27 (de armonización), nos preocupa y rechazamos el intento de ratificar por Ley dicho Convenio en las próximas sesiones legislativas.

Una correcta política de empleo del Estado Provincial, antípoda de la desarrollada por Vidal, resolvería rápidamente la situación del IPS.

Sin olvidar que el art. 7º del Dto Ley 9650/80 señala una serie de acreencias del Instituto, exigibles al Gobierno Provincial, cuya extinción es a través de su pago y, por lo tanto, deberían incluirse en sus balances con los valores actualizados .

Una sana política previsional sería la de organizar las cajas de lxs trabajadorxs estatales nacionales y provinciales tomando como ejemplo al IPS, ya que como lo señala la C.N. los Derechos de la Seguridad Social, por su naturaleza, tienen carácter progresivo, por lo tanto, las modificaciones legislativas deben reflejar esa condición, aumentando los beneficios, nunca recortandolos.

Por ello exigimos:

Una política de empleo que cumpla con la manda constitucional en orden a la “estabilidad en el empleo”, o sea nombramiento en planta permanente de todxs lxs empleadxs relacionados con el Estado bajo otras formas contractuales, la mayoría precarizadas que, además, producen el desfinanciamiento de los dos más importantes Institutos de la Seguridad Social de la Provincia de Bs. As.: el IPS y el IOMA.
Una correcta y lógica carrera laboral cubriendo las vacantes que se produzcan, en el momento en que sucedan, con los correspondientes ascensos.
Que se modifique el Acuerdo Financiero firmado por el Gobernador Axel Kicillof y el Titular del ANSES por comprometer al IPS en una “armonización” con el ANSES absolutamente contraria a todos los principios de la Seguridad Social.
La derogación del Título V-art. 27- de la Ley 27260 mal llamada de “Reparación Histórica”.
Ajustar a Derecho el funcionamiento del Instituto cumpliendo el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que indica que estos organismos deben ser “administrados por lxs interesadxs, con la participación del Estado”.