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Incendio en planta de agroquímicos: ambientalistas piden su cierre definitivo

Se trata de la planta ubicada en la localidad de La Verde, a solo 5 kilómetros del casco de Mercedes, que a fines de septiembre se incendió provocando la muerte de un trabajador.

La Verdad Mercedes

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Una agrupación ambientalista de la localidad de Mercedes salió a denunciar que se detuvieron los trabajos de «remediación» en la planta de agroquímicos incendiada en aquella ciudad hace un mes y medio, y pidió por su cierre definitivo.

A través de un comunicado, la Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA) señaló que la empresa Sigma Agro S.A. «detuvo sin explicación alguna» hace diez días «las tareas de remediación que le corresponde efectuar» en la fábrica.

Se trata de la planta ubicada en la localidad de La Verde, a solo 5 kilómetros del casco de Mercedes, que a fines de septiembre se incendió provocando la muerte de un trabajador.

Tras la protesta de ambientalistas locales y la preocupación de vecinos, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aceptó que «lo que pasó fue grave».

Por otra parte, en declaraciones exclusivas a FM Santa María 88.1 de Mercedes, el abogado ambientalista Dr. Fabián Maggi, quién se ha presentado en la causa penal representando a un grupo de vecinos de La Verde en calidad de particular damnificado, expresó «que pudo tomar contacto en el Juzgado de Garantías interviniente de los dos cuerpos que tiene el expediente y han corroborado las sospechas que había en cuanto a que el caso está envuelto en una serie de graves irregularidades fundamentalmente administrativas que son las que causaron la falta de control adecuado que finalmente terminaron en ésta tragedia ambiental y social que además costó la vida de una persona.»

Continuó expresando el citado profesional que «las irregularidades son en relación a la habilitación tanto provincial como municipal y al control del funcionamiento de la empresa. Tanto el municipio como la provincia tienen facultades concurrentes, responsabilidades comunes en la habilitación de éste tipo de empresa. El ordenamiento del territorio siempre el control primario lo tiene el municipio. El trámite de habilitación se inicia con una habilitación municipal para que éste diga si la zona donde se va a instalar la empresa es apta o no para tal fin y tiene el control absoluto sobre la seguridad e higiene para lo cual cobra una tasa y para cobrarla, tiene que inspeccionarla y habilitarla. El municipio tiene una responsabilidad directa y es tanto civil como penal.»

Manifestó el Dr. Maggi que «la causa está en una etapa inicial y a su entender tiene que tomar una dirección distinta a la que ha tomado que de a poco empieza a ir hacia ese rumbo y después de la intervención de la Unidad Especial de Delitos Ambientales de la Nación el Fiscal empezó a tomar un rumbo hacia ese sentido es decir que se deben investigar los delitos ambientales como los deberes de incumplimiento de funcionario público.»

«En estos delitos ambientales el mayor peso debe caer sobre la instancia penal; después se abren otros carriles que tienen que ver con la recomposición ambiental, que pueden ser más aptos para la sede civil. Además me gustaría señalar y destacar las graves irregularidades a cargo de los funcionarios del OPDS que son los mayores responsables y es la autoridad de aplicación específica sobre las industrias de la tercer categoría como era Sigma. Realmente no deja de sorprendernos la precariedad con la que estaba funcionando esa empresa desde el punto de vista administrativo pero también desde la técnica industrial donde hay pruebas que exhiben una precariedad absoluta.»

Por último manifestó el Dr. Maggi a los micrófonos de la 88.1 que la empresa «no ha aportado a la causa el certificado de aptitud ambiental sin el cual no puede funcionar y tiene que se clausurada inmediatamente por el OPDS como asimismo no han agregado el seguro ambiental obligatorio. Lo único que hay en el OPDS es la constancia de una empresa que produce pastillas de cloro y algo más pero no hay la aprobación de una fábrica de plaguicidas de estas características. La historia se repite porque hay varias industrias en la provincia de Santa Fe y Córdoba que han sido protagonistas de conflictos ambientales de distinta gravedad cada uno de ellos. En Sigma la fábrica explotó y dejo al descubierto todas las irregularidades que atienden a la realidad del caso porque la empresa funcionaba sin un adecuado control estatal», concluyó.-

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